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Imprevisibilidad de precios y contratación pública: la necesidad de disminuir riesgos

Es fundamental encontrar fórmulas objetivas que contribuyan a paliar o, al menos, mitigar las subidas imprevisibles de los precios de las materias primas en el curso de un contrato

 

La distribución de riesgos en los contratos celebrados con las entidades del sector público es un asunto de vital importancia. Del acierto en la correcta previsión de las diversas contingencias que pueden derivarse en la ejecución de un contrato público, ajenas a la conducta de las partes contratantes, dependerá que sus respectivos intereses y la finalidad que les lleva a contratar sean debidamente satisfechas.

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¿Cuándo es ejecutiva una prohibición de contratar contenida en una resolución sancionadora de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)?

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (Sección 3ª) ha dictado la sentencia de 14 de septiembre de 2019 (rec 6372/2020) en la que avala que los órganos judiciales suspendan, por vía cautelar, la remisión de las resoluciones sancionadoras dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los efectos de iniciar el procedimiento para la determinación del alcance y la duración de las prohibiciones de contratar cuando haya considerado necesario suspender cautelarmente la sanción a la que va anudada.

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Las sanciones a directivos por infracciones de competencia

Propuestas ‘de lege ferenda’: más concreción, criterios para cuantificar las sanciones, y permitir fórmulas como la inhabilitación.

La posibilidad de sancionar a los representantes legales y a los directivos de las empresas se ha configurado como una importante medida de naturaleza sancionadora, atribuida por el artículo 63.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) a las autoridades administrativas encargadas de su aplicación, que reviste un potencial efecto disuasorio dirigido a aumentar la eficacia en la lucha contra los ilícitos de competencia.

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